Proponen una ley para reparar a las mujeres con discapacidad esterilizadas forzosamente hasta 2020

Las mujeres incapacitadas judicialmente podían ser esterilizadas a petición de sus familias y sin su consentimiento hasta el año 2020 en España ya que nuestro Código Penal así lo permitía. “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial”, decía en su artículo 156, que quedó derogado hace cinco años acabando así con el infierno de miles de mujeres y niñas.

Ahora, la Fundación Cermi Mujeres, perteneciente al comité español de representantes de personas con discapacidad, reclama la aprobación urgente de una ley de reparación integral para las personas con discapacidad que fueron esterilizadas sin consentimiento desde el año 1989 con base en dictámenes médicos y decisiones de tutores legales, mayoritariamente en el caso de mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial.

Esta práctica fue derogada mediante la Ley Orgánica 2/2020 y la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución. Sin embargo, las víctimas denuncian que acabar con esta práctica no es suficiente, pues merecen una reparación del daño causado. Por ello, defienden una ley basada en la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en línea con los principios internacionales de justicia reparadora.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, más de 1.100 personas fueron esterilizadas judicialmente solo entre 2005 y 2016, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor debido a la ausencia de registros completos.

La Fundación, por su parte, propone como horizonte simbólico y político el año 2026, cuando se conmemorará el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, la propuesta se presentará en la próxima reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad, está prevista la recepción oficial en el Congreso de los Diputados el próximo 10 de junio de 2025 y se ha solicitado una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y con la Secretaría de Estado.

Una práctica “cruel e inhumana”

Esta técnica se basaba en la ligadura de las trompas en mujeres incapacitadas judicialmente. “A mí me ingresaron en un psiquiátrico y, cuando se dieron cuenta de que estaba incapacitada legalmente, el psiquiatra y un abogado decidieron esterilizarme”, relató Loli Miñano, una de las víctimas, el 2 de diciembre de 2021 en un acto organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y asociaciones de la discapacidad.

Ella fue esterilizada con 40 años, lo que le hizo perder la menstruación, engordar y sufrir descalcificación de huesos como efectos secundarios de la práctica a la que fue sometida.  Igual que ella, hay otros miles de mujeres y niñas que han vivido esta realidad y que todavía siguen sufriendo sus consecuencias. Por ello, Naciones Unidas y otras organizaciones supranacionales llevaban años exigiendo a España que aboliera estas prácticas.

Finalmente, la esterilización forzosa de personas con discapacidad intelectual llegó a su fin en 2020. “En mi nombre y en nombre del Gobierno de España, quiero pediros perdón”, dijo la ministra Ione Belarra (Unidas Podemos) refiriéndose a esta práctica como una “gravísima vulneración de derechos humanos que no cesó en nuestro país hasta diciembre de 2020 y que se ha permitido durante demasiado tiempo”.

Por qué era legal en España

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue aprobada en el año 2006 y ratificada posteriormente por España recoge una serie de artículos específicos sobre los derechos de las personas con discapacidad en relación a la formación de una familia, un hogar y las relaciones personales de los mismos.

Entre estos, reconoce el derecho de este colectivo “a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro”, además de “mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás”.

Sin embargo, esto no estaba garantizado en España hasta el año 2020, ya que nuestro Código Penal lo permitía en su artículo 156. “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que, de forma permanente, no puedan prestar en modo alguno su consentimiento”, explicaba este refiriéndose a las esterilizaciones y cirugías transexuales realizadas por facultativos.

Por ello, desde los orígenes de esta práctica en 1989 hasta el 16 de diciembre de 2020, España ha realizado esterilizaciones a miles de personas, sobre todo mujeres y niñas que sufrían algún tipo de discapacidad. 
Finalmente, ese 16 de diciembre, se votó en el Senado la modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, acabando así con el infierno de muchas víctimas.

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