Por Medicina Responsable
12 de mayo de 2025Noelia, una joven de 24 años que había solicitado la eutanasia tras quedar parapléjica, tendrá que esperar a que haya una sentencia judicial firme sobre su caso para saber si se la conceden.
La asociación Abogados Cristianos, en representación del padre de la joven, había presentado un recurso para oponerse a la solicitud de asistencia para morir que finalmente seguirá su recorrido judicial hasta que haya una sentencia.
La titular del Juzgado de lo Contencioso número 12 de Barcelona ha rechazado a través de una diligencia el levantamiento de las medidas cautelares, como había solicitado la Generalitat. Aunque esta misma jueza desestimó la demanda, la sentencia no es firme, por lo que ha decretado el mantenimiento de las medidas cautelares ante la elevación de este caso por parte de Abogados Cristianos de este proceso al Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (TSJC), al que corresponderá dictar una sentencia definitiva.
La Fiscalía de Barcelona concluyó hace dos meses que la joven cumplía todos los requisitos legales para aplicarle la eutanasia, destacando que su decisión es “firme, libre y autónoma”. La propia joven ratificó también el pasado mes de marzo su voluntad de llevar adelante el proceso, denunciando en ese momento “coacciones” frente a su decisión.
Noelia quedó parapléjica tras un intento de suicidio, dejándola con un sufrimiento “grave, crónico e imposibilitante”, según el auto de desestimación. Su solicitud fue aprobada por unanimidad por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el organismo encargado de avalar los procesos de eutanasia.
Por su parte, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha expresado su rechazo a la postura de la Generalitat a favor de conceder la eutanasia a esta joven. “Es escalofriante la insistencia de la Generalitat por acabar con la vida de una chica con enfermedad mental. Debería garantizar un tratamiento eficaz a Noelia, en vez de abocarla a morir”, ha manifestado a través de un comunicado público.
Este proceso judicial ha sido uno de los primeros en España en el que se ha tratado de dirimir si los familiares de un paciente tienen potestad para interferir en la decisión de solicitar la eutanasia. La jueza determinó que el padre no estaba capacitado para hacerlo, aunque habrá que esperar al dictamen del TSJC para conocer el desenlace.
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