El juez cita a la actual gerente del SAS y a dos exdirigentes por los contratos de emergencia

El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla ha citado como investigados a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a dos exgerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de emergencia realizados durante la pandemia y mantenidos posteriormente. La querella, presentada por el PSOE, señala un posible daño al erario público de 24 millones de euros y acusa a los responsables de prevaricación administrativa y malversación.

El origen de la querella

La denuncia, interpuesta inicialmente en junio por un grupo de parlamentarios socialistas andaluces, sostiene que el SAS continuó utilizando la vía de contratos de emergencia tras el fin de la fase crítica de la pandemia de la Covid. Según el PSOE, estas contrataciones, que inicialmente sumaron 70 millones de euros bajo el expediente 110/2021, se extendieron hasta alcanzar los 242 millones de euros mediante prórrogas entre 2021 y 2022, incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

La querella fue ampliada recientemente para incluir a la actual gerente del SAS, Valle García, quien asumió el cargo en diciembre de 2023. También menciona contrataciones realizadas hasta 2024, lo que, según los denunciantes, evidencia un uso indebido de este procedimiento excepcional.

Citación judicial

El juez Francisco Javier Santamaría ha admitido la querella y dictado un auto en el que cita a los investigados para informarles de sus derechos, aunque su declaración formal será programada más adelante. La citación es un paso ordinario en el proceso judicial, según ha informado la Junta de Andalucía, que asegura que el SAS aún no ha recibido notificación oficial.

Defensa del Gobierno andaluz

Desde la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, se defiende la legalidad de todas las contrataciones realizadas durante la pandemia. En un comunicado, el Gobierno autonómico ha explicado que las adendas firmadas en 2024 se refieren a servicios realizados antes del 17 de mayo de 2023, por lo que no constituyen nuevos contratos de emergencia. Además, subraya que estas adendas están publicadas en el perfil del contratante de la Junta, garantizando transparencia.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha calificado la querella de "política" y ha acusado al PSOE de buscar "erosionar al Gobierno" mediante la judicialización de la gestión pública. Moreno ha asegurado que la Junta colaborará plenamente con la Justicia y confía en que la causa sea archivada.

La instrucción 1/2021 de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea estableció que los contratos de emergencia dejaban de ser aplicables en junio de 2021, salvo excepciones debidamente justificadas. No obstante, informes jurídicos de la Junta avalan la legalidad de los contratos en cuestión, argumentando que respondieron a necesidades sanitarias derivadas de la sobrecarga asistencial.

El papel del PSOE

El PSOE se ha personado en la causa como acusación popular tras depositar una fianza de 5.000 euros. El partido asegura que el mantenimiento de estos contratos supuso un incumplimiento deliberado de la normativa, permitiendo adjudicaciones "a dedo" que causaron un perjuicio significativo al erario público.

El caso sigue en fase de instrucción, y las citaciones a los investigados marcan el inicio de un proceso judicial que podría prolongarse durante meses. Mientras tanto, la Junta insiste en su disposición a colaborar con la Justicia, confiando en que se demuestre la legalidad de su gestión. 

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