Ingesa exige a los sanitarios de los centros de salud de Ceuta que atiendan a más pacientes ante la falta de recursos

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha pedido al personal que trabaja en los tres centros de salud de Ceuta que cambie sus protocolos de atención debido a la sobrecarga asistencial tras la entrada de miles de migrantes a la ciudad el pasado 30 y 31 de julio. Algo que ha vuelto a despertar la indignación entre los profesionales de la salud, que siguen reclamando al Ministerio de Sanidad que reconozca el colapso de los servicios sanitarios.

Concretamente, Ingesa lo ha hecho a través de dos órdenes que afectan al personal sanitario y no sanitario. La primera de ellas, emitida a través de un documento firmado por el director médico de Atención Primaria de Ceuta, solicita que "se reparta la población migrante en la misma proporción para facultativos con cupo cubierto y con cupo cerrado para la población local".

Esta maniobra, según han denunciado los sindicatos de la ciudad, supondría elevar las ratios de pacientes por profesionales, incrementando así la sobrecarga "de quienes llevan trabajando por encima de sus posibilidades dos meses, con las correspondientes consecuencias para su salud", como ha denunciado el Sindicato de Enfermería Satse.

El segundo de los cambios propuestos llega a cargo de la dirección de Enfermería de Atención Primaria y se basa en el establecimiento de un sistema de trabajo "en espejo" por el cual cada profesional tiene un compañero que es "como su pareja de baile". "Es decir, si una persona está de vacaciones, de baja, tiene el día libre o disfruta de cualquier permiso reglamentario, su pareja debe asumir todo el trabajo de quien se ausenta", argumenta el colectivo sindical.

Ante estos dos mandatos, Satse ha denunciado que "una dotación insuficiente de profesionales compromete la accesibilidad, la calidad asistencial, la prevención y el seguimiento de pacientes crónicos", calificando también de "inaceptable" el nuevo sistema y expresando que "no cumple con la normativa en el Estatuto Marco del personal dependiente del Ingesa". "En la práctica, esto supone que una sola enfermera puede tener a su cargo hasta 3.900 pacientes", añade.

Una nota interna que siembra la polémica

Además del sistema en espejo, los sindicatos han denunciado una nota interna enviada el 23 de septiembre al personal médico y de administración por la que se "incrementa la población asignada". El documento está firmado por el director médico de Atención Primaria de Ceuta, Carlos Mata Padilla, y ha este ha tenido acceso Medicina Responsable.

"Ante la situación irregular que estamos presentando en los centros sanitarios con la existencia de población migrante vulnerable (menores, embarazadas, etc.) con derecho a asistencia sanitaria y por considerar el reparto asistencial más equitativo, adoptamos la medida de asignar entre todos los profesionales sanitarios, Médicos de Familia por encima de 14 años y Pediatras por debajo de esa edad, reparto de población migrante en la misma proporción, tanto para facultativos con cupo abierto, como con cupo cerrado para la población local", expone textualmente la misiva.

"Contratar más personal con urgencia"

A esta situación se suma, según denuncia el sindicato, que el próximo 11 de marzo entrará en vigor el Real Decreto 180/2026 por el que se garantiza el derecho integral a la salud pública, eliminando algunas barreras administrativas que tenía la norma interior. "En la práctica esto significa que las personas que invadieron Ceuta el 30 y 31 de julio tienen derecho integral a la sanidad, pero Ingesa tiene que contratar personal para no sobrecargar más aún a los profesionales", explica Satse.

Por ello, instan a la institución a hacerlo "de forma urgente y prioritaria", algo que "al parecer no ha previsto todavía", como señala. Además, recuerda que la nueva legislación no exige empadronamiento, ya que admite los certificados de escolarización, las cartas de viaje del consulado del país de origen, el certificado de un centro público de migraciones, las facturas de luz o agua o el certificado de servicios sociales.

En manos de Inspección de Trabajo

El sindicato también ha anunciado que ha puesto "en conocimiento de la Inspección de Trabajo" la falta de órdenes precisas para el personal de Atención Primaria. Además, recuerda que la calidad de la asistencia domiciliaria sigue pendiente de una valoración de riesgos de violencia externa, a expensas de qué ocurrirá cuando entre en vigor la nueva normativa.

Y finaliza: "Dada la gravedad del incremento de pacientes en los cupos del personal de Atención Primaria, desde SATSE se exige el aumento inmediato de las plantillas, el fin del trabajo en espejo por el incumplimiento de la normativa en vigor y una explicación urgente de la manera en que el director de Atención Primaria de Ceuta piensa abordar la atención domiciliaria".

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