La infrafinanciación de las mutualidades puede tener graves consecuencias para la sanidad pública

La falta de financiación podría acabar con un modelo que actualmente ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año: las mutuas administrativas. Esta es una de las principales conclusiones del informe “El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros”, presentado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), impulsado junto a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). El informe en cuestión pone el foco en MUFACE, una de las tres grandes mutuas españolas, junto a ISFAS y MUGEJU, que cuenta con un alto grado de representatividad.

El futuro  

Según Daniel Pallarés, perteneciente a la Secretaría Técnica de la Cátedra, un total de 2,1 millones de personas pertenecen a mutualidades en España. En MUFACE, por ejemplo, tan solo “en 2022 había 1,5 millones de mutualistas”. Sin embargo, la estabilidad y la financiación de las mutuas de cara al futuro es muy preocupante y podría generar dos posibles escenarios. 

Por un lado, los expertos han planteado la desaparición del modelo, que supondría un impacto de más de mil millones de euros a la sanidad pública, dado que tendría que dar cobertura a la asistencia de todos los mutualistas. Actualmente, según informan desde la UCM, “la prima de MUFACE es de 1.040€ por mutualista de promedio y el gasto sanitario total es de 1.608€ por ciudadano”. Estos datos reflejan que, si el sistema de las mutuas desaparece, el Estado tendría que hacerse cargo de una cifra económica aún mayor.  Sonia Juárez, profesora del departamento de Organización de Empresas de la UCM, ha advertido de otras consecuencias de la desaparición del mutualismo. “La sanidad pública necesitaría unas 3.975 camas adicionales para cubrir las 2.041 camas que se perderían en la privada”. Asimismo, ha señalado que “las listas de espera se incrementarían en un 266% y a nivel de intervenciones quirúrgicas, en un 115%”. 

En el caso de las compañías aseguradoras, según explican desde la UCM, el informe estima que éstas perderían un 18% de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios perderían un 8% de sus ingresos. Como consecuencia de esto, un total de 19 provincias tendrían un serio riesgo de cierre de centros, la mayor parte de ellas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.  

El segundo escenario planteado por los expertos está relacionado con la continuidad del modelo. Para poder seguir con el mutualismo, sería necesario “una mayor financiación que garantice la sostenibilidad del modelo”, ha declarado la profesora Juárez. En esta misma línea, habría que mejorar la eficiencia y la gestión de recursos en la sanidad privada, usar racionalmente los servicios de salud por parte de los mutualistas, cambiar el modelo en la atención primaria de los mutualistas, etc.

Financiación insuficiente

La evolución en los últimos diez años (2014-2023) de la prima mensual ajustada a la edad del usuario de MUFACE, según la UCM y ASPE, ha experimentado un incremento del 31,4%, pasando de los 64,3 € de 2014 hasta alcanzar los 84,5 € de 2023 que, en todo caso, es bastante inferior al gasto sanitario público per cápita (134€/mes), el cual se ha incrementado en un 54% en este mismo periodo, lo que supone un diferencial de 22,9 puntos.

A pesar de la mejora de la prima media, el informe señala que SegurCaixa, Adeslas, Asisa y DKV sitúan sus pérdidas en aproximadamente 170 millones de euros en 2022. La financiación insuficiente, según los datos obtenidos en la investigación de la UCM, “está generando una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera, debido a que, o bien las aseguradoras limitan sus cuadros médicos, o bien porque algunos prestadores deciden no continuar ofreciendo el servicio por las bajas tarifas actuales”. 

Los investigadores advierten que, para asegurar su supervivencia, es necesario igualar la prima del mutualista con el gasto sanitario real por ciudadano en un plazo no superior a dos años. A partir de este momento, las consecuencias empeorarían y se pondría en duda la continuidad del modelo, pudiendo afectar negativamente a la sanidad pública. Según los investigadores, es importante “garantizar una distribución equitativa e inmediata de la prima a los proveedores del servicio sanitario con el objetivo de preservar la accesibilidad y la calidad del servicio”. 

---