
Por Medicina Responsable
3 de julio de 2026El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo 7 de julio el real decreto por el que se revocará, a título póstumo, la Gran Cruz de Sanidad concedida al psiquiatra militar Antonio Vallejo Nájera Lobón. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, la decisión responde a que su legado resulta "incompatible con los valores democráticos, éticos y humanos que hoy guían la sanidad pública".
En un comunicado, el departamento que dirige Mónica García señala que Vallejo Nájera estuvo vinculado al aparato ideológico del régimen franquista y sostiene que utilizó la medicina y la psiquiatría para justificar políticas de persecución, represión y control social durante la Guerra Civil y la dictadura.
De acuerdo con Sanidad, el psiquiatra elaboró y difundió "supuestas categorías diagnósticas" que atribuían patologías mentales a personas y colectivos por su ideología, adscripción política o características sociales. El Ministerio sostiene que estas teorías, que califica de carentes de base científica, contribuyeron a dotar de apariencia médica y científica a prácticas de estigmatización, deshumanización, exclusión y desposesión de derechos, reforzando mecanismos de control social y justificando la persecución de quienes pensaban diferente. Asimismo, el Gobierno indica que estas formulaciones sirvieron de soporte para actuaciones como la separación de menores de sus familias, su sometimiento a procesos de reeducación y la justificación de políticas orientadas a una supuesta regeneración social. A juicio del Ministerio, estas prácticas representan una grave quiebra de los principios éticos y deontológicos que deben regir el ejercicio sanitario y contradicen la misión que simboliza la Orden Civil de Sanidad.
En relación con la salud mental, Sanidad considera que la obra y el legado de Vallejo Nájera son incompatibles con el modelo asistencial vigente en España. Frente a lo que define como una concepción biologicista, estigmatizadora y excluyente de la psiquiatría, el Ministerio recuerda que el modelo actual se fundamenta en los derechos humanos, la autonomía de las personas, la inclusión, el respeto a la diversidad y la evidencia científica.
El Ministerio enmarca la retirada de la distinción como un acto de memoria, justicia y reparación, además de un reconocimiento a las víctimas de prácticas que, según señala, "nunca debieron encontrar amparo en el ámbito sanitario".
La medida, añade el Gobierno, se adopta en coherencia con los principios democráticos, los valores del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Memoria Democrática y los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos. Con ella, concluye Sanidad, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la dignidad de las personas, la igualdad, la evidencia científica y la defensa de los derechos humanos.