Una funeraria de Valencia cobraba 1.200 euros por cadáveres para facultades de medicina

La Policía Nacional ha desmantelado en Valencia un presunto entramado criminal relacionado con lel tráfico de cadáveres. A través de la falsificación de la documentación de los fallecidos, conseguían extraer los cadáveres de hospitales y residencias para cobrar a las facultades de Medicina por los trámites de transporte, retirada y posterior incineración tras el uso académico de los mismos.

Aunque la legislación vigente prohíbe expresamente la obtención de compensación económica alguna por comerciar con cadáveres u órganos, los gastos de gestión por transporte y cremación abrieron un resquicio a los investigados para montar una trama criminal con la que lucrarse. En estos gastos en concepto de gestión es donde obtenían los beneficios de su presunto negocio criminal, cobrando a las universidades por el traslado y la incineración. 

La investigación se centra en una funeraria de la ciudad, especializada en repatriaciones, que llegó a cobrar 5.040 euros a una universidad por quemar 11 cuerpos ya estudiados. Sin embargo, esas cremaciones no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por las incineradoras.

La operación “Thanatos” de la Policía Nacional se ha saldado con la detención de cuatro hombres como presuntos autores de un delito de estafa: los dos responsables del negocio y otros dos trabajadores de la funeraria. A estos empleados, que fueron despedidos, también se les investiga por falsedad documental.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, defiende a este respecto que "los controles no han fallado. Al contrario, lo que hemos hecho ha sido poner de manifiesto que se había producido y ahora están depurándose las responsabilidades".

Para no levantar sospechas, los implicados escogían cadáveres de personas extranjeras sin familia o con pocos recursos y así poder engañar a las autoridades.

Aprovechando que los cadáveres se encontraban desmembrados tras su uso académico, los introducían en los féretros de otros fallecidos para ahorrar costes en un trámite por el cual llegaron a obtener 1.200 euros.

La investigación

Las primeras investigaciones comenzaron en enero del pasado año, cuando la retirada sin autorización de un cadáver de la morgue del valenciano Hospital de La Fe hizo saltar las alarmas. El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia asumió las diligencias de esta investigación, la cual apunta a que los trabajadores de la funeraria habrían falsificado el libro de registro y la documentación del fallecido facilitada al Registro Civil para trasladar el cuerpo a la universidad CEU Cardenal Herrera, según recoge el diario El Mundo. 

La propia universidad, al tener conocimiento de estas irregularidades habría puesto toda la documentación a disposición de los agentes, según detalla el mismo diario. A ella se han sumado la Universidad de Valencia (UV), Universidad Católica (UCV) y la Universidad Jaume I, con sendos comunicados en los que se desmarcan de la investigación, defendiendo que se siguen protocolos de donación “muy estrictos”.

Al fallecido le correspondía ser enterrado en un cementerio de la beneficencia en el municipio valenciano en el que residía, algo que no ocurrió por la sustracción de su cuerpo realizada sin ningún consentimiento por parte de su familia. 

Los investigados habrían aplicado esta misma operativa con otro difunto, un hombre ingresado en una residencia geriátrica que autorizó la donación de su cuerpo tres días antes de fallecer. Según han podido saber los investigadores, el difunto padecía un trastorno cognitivo severo, lo cual le habría impedido comprender las consecuencias de su decisión. 

La noticia ha llevado al Gremio Provincial de Pompas Fúnebres de Valencia a condenar “cualquier mala praxis y actividad ilícita” y se ponen a disposición de las autoridades para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. 

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