El Gobierno deja fuera de la historia clínica digital a la sanidad privada

Cuando veraneas o visitas a un familiar que está en otra comunidad autónoma rezas por no ponerte malo, no torcerte el pie jugando a las palas en la playa o que no se te complique si tienes una enfermedad crónica. Que ocurriera alguna de estas circunstancias implicaría ir al centro de salud o a urgencias de esa comunidad, contarles que no resides ahí y explicar tus antecedentes clínicos.

Para acabar con esta situación, el Gobierno plantea la reforma del Real Decreto 1093/2010 por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. Ésta, que solo afecta a la sanidad pública, ha desatado la respuesta inmediata de la sanidad privada y sus pacientes. ¿Qué pasa con aquellas personas que han acudido en alguna ocasión a la sanidad privada o que combinan el sistema público-privado? ¿Qué pasa con la accesibilidad a sus datos clínicos?

Algunas entidades de la sanidad privada ya han comenzado a pronunciarse. Entre ellas, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que sostienen que, a pesar de que en el proceso de consulta se indica que “se recabará la opinión de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas”, no se ha producido ese acercamiento al sector sanitario privado. Además, hacen hincapié en que España es el único país europeo en el que existe una estigmatización del sector sanitario privado. “Queremos que el Gobierno deje a un lado el discurso demagógico y vea a la sanidad privada como un aliado estratégico para dar respuesta a las necesidades que tiene la población”, afirma su directora general, Marta Villanueva.

En el resto de los países la asistencia privada está integrada sin ningún tipo de discriminación de los pacientes-usuarios que, en nuestro país, son cerca de 10 millones asegurados. “En realidad no sabemos por qué no se ha tenido en cuenta a la sanidad privada, pero la interoperabilidad del sistema sanitario nunca será real si en su desarrollo no se integran todos los datos, públicos y privados”, explica Villanueva.

Por su parte, Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), sostiene que “la historia clínica pertenece al paciente, que es quien debe autorizar, si así lo desea, el acceso a sus datos sanitarios al médico que le esté tratando”. Además, añade que la interoperabilidad “no autoriza al centro sanitario a acceder a sus datos, sino únicamente al profesional que esté atendiendo a ese paciente, allá donde se encuentre”.

También señalan que la reforma de interoperabilidad digital en la que trabaja el Ministerio de Sanidad responde a una recomendación de la Unión Europea que comprende la atención sanitaria público-privada presente en todos los sistemas nacionales de salud europeos. “España estaría operando contracorriente de Europa en términos de la tan necesaria digitalización de la Sanidad”, afirma.

Para la Asociación de Clínicas Privadas de Madrid (ACHPM), que agrupa a 58 empresas de hospitalización privada en la Comunidad de Madrid, esta exclusión perjudica de forma directa a los pacientes. “Si el objetivo de esta reforma es organizar su historia clínica y hacerla accesible en cualquier punto de España, es necesario contar con todas las organizaciones que forman parte del sistema sanitario”. Por ello, recalcan que no contar con la sanidad privada pondría en riesgo que los datos de los pacientes consultados se encuentren incompletos, con el consiguiente perjuicio para su salud.

Consideran que lo correcto es seguir el modelo de éxito de colaboración público-privada que se está llevando a cabo en diversas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, donde la Consejería de Sanidad y los hospitales privados ya trabajan para articular un mecanismo que permita tener en cuenta la información sobre los pacientes del sector privado.

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