Por Virginia Delgado
28 de febrero de 2025El secretario técnico de Relaciones Internacionales de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, y el Sindicato Médico de Cataluña (SIMECAT) han presentado una denuncia contra el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, y el exdirector general corporativo del órgano colegial, Marc Soler, por los presuntos delitos de acoso laboral, coacciones y discriminación ideológica con agravante de odio.
Según los denunciantes, en los últimos años “el acosamiento y derribo” hacia Ramos fue constante debido a su ideología. Durante el procés, el vicepresidente de SCC se posicionó en el bando constitucionalista, mientras que los altos cargos del COMB mantuvieron una línea abiertamente independentista y apoyaron las reivindicaciones secesionistas y de defensa de los políticos presos. “El propio denunciado, Marc Soler, llegó a manifestar al denunciante la incomodidad de la dirección general del Colegio por su participación en Sociedad Civil Catalana”, han declarado desde SIMECAT.
En este tiempo, el COMB desmontó la Oficina Técnica de Acreditación (OTA), que tramita las acreditaciones de médicos, y el Centro de Estudios Colegiales (CEC), entidades de las que, por entonces, era director Álex Ramos. “Fue entonces cuando el Colegio le empezó a hacer el vacío”, mantienen desde el sindicato.
Con detective privado
Los denunciantes también han manifestado ante los Juzgados de Instrucción de Barcelona que, poco más tarde, durante la pandemia de la Covid-19, el COMB puso un detective privado para vigilarle, con la finalidad de imputarle incumplimientos laborales. “No pudieron sacar nada porque no hubo jamás nada raro”, ha manifestado Ramos a El Confidencial. Aun así, el 14 de octubre de 2020, se le comunicó el despido. “Intenté una conciliación, porque todo apuntaba a que era por un tema político. No hubo manera de llegar a un acuerdo. Ellos se mantuvieron en su postura y, al final, no comparecieron en el juicio, porque no tenían ninguna excusa para el despido laboral. No pudieron vestirlo como un tema de trabajo. Allí todos sabían que era por un tema político, porque yo era constitucionalista y, además, dirigente de SCC. Es decir, que estaba señalado”, ha añadido al diario digital. Finalmente, en 2022, se dictaminó despido improcedente.
Ramos ha manifestado que la denuncia por tema ideológico y delito de odio la ha puesto ahora, junto a SIMECAT, porque ambos “hemos llegado a la conclusión de que no puede prescribir el delito ideológico. Hemos decidido presentar la demanda antes de que eso ocurra. Tenemos 10 testigos que pueden certificar el acoso y la discriminación que me hicieron durante más de dos años por no ser independentista. Un Colegio ha de ser neutral. Estuvieron años arrinconándome en la institución”, ha asegurado el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana a El Confidencial.
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