El Consorcio Estatal de Terapias Avanzadas ubicará su sede central en Majadahonda (Madrid) y la dirección científica en Barcelona

El Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA) contará con una doble sede en Madrid y Barcelona, de manera que la localidad de Majadahonda acogerá la sede administrativa, mientras en la ciudad catalana se implementará una sede para la dirección científica. El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión en base a la recomendación de la Comisión Consultiva para la elección de sedes institucionales del sector público. 

Este organismo destaca la ventaja “estructural y estratégica” que supone para la ciudad madrileña contar con el campus del Instituto de Salud Carlos III, motivo que la convierte en la candidatura “que mejor articula la excelencia científica, con operatividad inmediata y alineación con los objetivos estratégicos del consorcio”. Por su parte, la “integración en un ecosistema de innovación, una acreditada experiencia regulatoria y clínica y la concentración de la financiación, al contribuir el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Hospital Clínic Barcelona) con el 64% de la financiación estatal asignada al Consorcio CERTERA”, son las principales que aducen para colocar una sede para la dirección científica en la capital catalana.

Desde el Consejo de Ministros subrayan que esta ubicación bicéfala “refuerza la cohesión territorial al distribuir funciones entre dos comunidades autónomas” como parte de una red de 44 entidades para facilitar la transferencia de conocimiento “de forma ágil y equilibrada”. Además, se mejora la resiliencia operativa y amplía la capacidad de atraer y retener talento. De esta forma, se reparten funciones de manera que Majadahonda concentrará la “coordinación administrativa y la interlocución institucional desde el ISCIII” mientras que Barcelona liderará la dirección científica y los ensayos multicéntricos “desde su potente ecosistema biomédico”.

Para la elección de la sede se ha aplicado el Real Decreto 209/2022, que establece el procedimiento para determinar las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y crea la Comisión consultiva, siguiendo un procedimiento “objetivo y competitivo”, destacan desde el Gobierno. 

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