Por Santiago Melo
1 de julio de 2026El Consejo General de Dentistas de España ha reclamado de nuevo un endurecimiento de las penas por intrusismo profesional tras el cierre de dos clínicas dentales en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat, en Barcelona. La Organización Colegial exige sanciones “realmente disuasorias” para quienes ejercen ilegalmente una profesión sanitaria y ponen en riesgo la salud de los pacientes.
El caso se ha conocido después de que los Mossos d’Esquadra detuvieran a cuatro supuestos falsos dentistas que presuntamente ejercían sin la titulación oficial necesaria y el propietario de los dos establecimientos. Según la investigación, los centros funcionaban bajo apariencia de legalidad y ofrecían tratamientos a precios competitivos.
Durante los registros, los agentes encontraron material oxidado y productos médicos caducados, además de salas quirúrgicas y de visita que no cumplían las condiciones técnicas y sanitarias mínimas. Los Mossos también intervinieron material informático y documentación sobre las visitas, lo que podría permitir identificar a más posibles afectados.
Los detenidos están investigados por presuntos delitos de intrusismo profesional, estafa, lesiones y usurpación de estado civil. Varias personas han denunciado secuelas físicas tras someterse a intervenciones en estas clínicas, mientras otras aseguran haber pagado tratamientos que nunca llegaron a realizarse o que quedaron a medias. Fuentes policiales señalaron que algunos pacientes llegaron a sufrir secuelas como “parálisis en media cara” tras intervenciones aparentemente rutinarias.
A raíz de este caso, el Consejo General de Dentistas recuerda que la odontología es una profesión sanitaria regulada y que su ejercicio exige titulación universitaria oficial, colegiación obligatoria y cumplimiento de requisitos legales, técnicos y deontológicos. La ausencia de cualquiera de estas garantías, advierte la entidad, supone un riesgo inaceptable para la población.
El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro Reino, ha pedido “una respuesta legislativa más contundente frente a quienes ejercen ilegalmente una profesión sanitaria, ya que las sanciones actuales resultan insuficientes para disuadir este tipo de delitos”.
“Cada caso de intrusismo profesional supone un grave atentado contra la salud, el valor más preciado de una persona. No estamos hablando únicamente de un fraude económico, también de lesiones que pueden ser irreversibles e incluso poner en peligro la vida de quienes acuden a una consulta creyendo que están siendo atendidos por un profesional cualificado”, añade Castro.
La Organización Colegial insiste también en la importancia de que los ciudadanos comprueben siempre que el profesional que les atiende está debidamente colegiado y que la clínica cuenta con todas las autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa vigente. Para el Consejo, la prevención y la información al paciente son claves para evitar que casos de intrusismo puedan repetirse.
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