El Congreso da luz verde a la ley del aborto

El Congreso ha aprobado de manera definitiva la ley del aborto de 2010 que, entre sus principales medidas, exime a las mujeres mayores de 16 años del permiso paterno para interrumpir el embarazo. La ley ha prosperado con el apoyo de la mayoría de la investidura apenas una semana después de que el Tribunal Constitucional avalara el texto, hasta ahora vigente y aprobado en 2010, y que fue recurrido por el Partido Popular en 2011.

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha asumido la sentencia del Tribunal Constitucional y ha abierto la brecha frente a Vox, que ha acusado al principal partido de la oposición de “traición” por aceptar el sistema de plazos para la interrupción del embarazo, a pesar de su voto en contra a la nueva ley.

Las novedades de la ley

Entre las novedades de la nueva ley, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, destaca que las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años. Se elimina así el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a estas menores a contar con el consentimiento de sus representantes legales. Asimismo, los centros sanitarios públicos deberán garantizar la prestación del aborto.

Uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los sanitarios es la creación de un registro de objetores de conciencia; además, quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada. Esta medida fue duramente criticada por el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez Sellés, que explicó a Medicina Responsable su oposición a esta ley: “Ningún médico debería ser discriminado por acogerse al derecho de objeción de conciencia. A partir del momento en el que los médicos objetores estén en este listado se pueden producir discriminaciones por parte del Gobierno, por parte de la Consejería, etc. Por ejemplo, puede ocurrir que un ginecólogo que sea objetor tenga consecuencias a la hora de una renovación de contrato o de una contratación”.

Por otro lado, se elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días y la reforma amplía los derechos reproductivos a todas las "personas trans con capacidad de gestar", es decir, a las que han cambiado su sexo al masculino pero que han mantenido su aparato reproductor femenino.

La ley establece el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas incapacitantes y se recoge el derecho a la incapacidad temporal desde el primer día de la semana 39 del embarazo y mientras se reciba asistencia sanitaria por un aborto y no se pueda trabajar.

Se apuesta por la gratuidad de los productos de higiene menstrual -tampones, compresas o copas menstruales- en centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Se garantiza también el acceso público y universal a la anticoncepción y se insta a los poderes públicos a fomentar la corresponsabilidad, apoyando la investigación y financiación de anticonceptivos masculinos
La educación afectivo-sexual formará parte del currículo durante toda la educación obligatoria.

Serán violencias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer la esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso, y la gestación por sustituciónSe prohíbe la publicidad que las agencias de intermediación y se realizarán campañas informativas para prevenir los vientres de alquiler, ilegales en España.

 

 

 

 

 

 

 

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