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Condenan al Servicio Canario de la Salud a pagar 273.157 euros a una niña que sufrió la amputación de las dos piernas

La pequeña, que entonces tenía dos años, ingresó en Urgencias por una infección que terminó en necrosis

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Condenan al Servicio Canario de la Salud a pagar 273.157 euros a una niña que sufrió la amputación de las dos piernas
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). FOTO: https://rtvc.es/

Por Virginia Delgado

7 de agosto de 2025

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar a una niña con 273.157 euros por haberle realizado un tratamiento inadecuado, que le provocó la amputación de las dos piernas cuando tenía dos años.

En enero de 2024, el Juzgado estimó de forma parcial el recurso que habían puesto los padres, así como el pago de esta cantidad por el coste de los daños y perjuicios de futuras intervenciones. Unas operaciones a las que tendrá que someterse la pequeña, cada 12 o 15 meses, para adaptar las prótesis debido a su crecimiento y a complicaciones que pudieran surgir.

La paciente fue ingresada en Urgencias de un centro hospitalario canario en marzo de 2022 debido a unas complicaciones de una infección. Un mes después, se le amputaron las dos piernas por necrosis en un hospital de Madrid.

Según el Consejo Consultivo de Canarias, a la niña se le pudo haber aplicado en los primeros días un tratamiento con un tipo de antibiótico que es eficaz en el 50% de los casos, lo que no hubiera derivado en un fallo multiorgánico. No obstante, los dos informes periciales aportados por los padres cifran el éxito de los antibióticos en casi un 99%.

Por otro lado, en la sentencia se recalca que la menor tendría que haber sido sometida a diversas pruebas y subraya que no se anotó en su historia aspectos “fundamentales como la saturación de oxígeno, temperatura o frecuencia cardiaca”. También, señala “la desatención padecida en el centro de salud”, donde no fue atendida por un pediatra.

Finalmente, el juez ha considerado “inexcusable” que la Administración abra un expediente a los empleados implicados para hacerse cargo de la indemnización y hacerles responder a ellos del pago.

 



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