Por Santiago Melo
7 de septiembre de 2026La Comunidad de Madrid ha resuelto una nueva convocatoria de ayudas para impulsar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) en el ámbito de la salud, con una inversión total de 28 millones de euros. La dotación supone un incremento del 40% respecto a la edición anterior y permitirá financiar programas durante cuatro años a partir del 1 de enero de 2027.
Las iniciativas seleccionadas deberán estar formadas por entre tres y diez grupos de investigación pertenecientes, al menos, a tres instituciones diferentes. El objetivo es fomentar proyectos colaborativos capaces de reforzar la competitividad de los centros de investigación de la región.
Los trabajos podrán centrarse en áreas como la ingeniería biomédica, el desarrollo de nuevos sistemas de diagnóstico, medicamentos y vacunas, la neurociencia o la robótica médica, entre otros ámbitos considerados estratégicos para la investigación sanitaria.
Podrán beneficiarse de estas ayudas universidades, organismos y centros públicos de investigación, fundaciones de Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, instituciones sanitarias y otras organizaciones dedicadas a actividades de I+D.
La cuantía máxima que podrá recibir cada programa se eleva hasta los 1,3 millones de euros. Los fondos podrán utilizarse para contratar personal investigador, técnico o de gestión, adquirir equipamiento científico, amortizar equipos o financiar actividades de movilidad relacionadas con los proyectos.
También podrán destinarse a gastos indirectos, con un límite máximo del 25% del total concedido. De esta forma, la convocatoria pretende cubrir tanto las necesidades directamente vinculadas al desarrollo de los trabajos como parte de los costes asociados a su ejecución.
Entre las novedades de esta edición destaca además el impulso a la participación de grupos emergentes liderados por jóvenes investigadores, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos equipos al sistema madrileño de I+D.
La Comunidad de Madrid también ha introducido cambios para simplificar los procedimientos administrativos y reducir la carga burocrática de los centros participantes, flexibilizando las condiciones de acceso y desarrollo de los programas.
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