Los colegios podrán denunciar a los padres que nieguen a sus hijos un cambio de sexo

Cuando en un centro escolar hay un menor que se autodiagnostica como “trans”, por sí mismo, por mediación de sus progenitores o tutores, o por sugerencia de cualquier miembro de la comunidad educativa, se ponen en marcha distintos protocolos relacionados con las leyes transgénero de la Comunidad Autónoma donde reside el menor.

A lo largo de varios meses, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha analizado los distintos protocolos educativos de las Comunidades Autónomas y ha realizado un informe en el que ponen de manifiesto que estas “instrucciones son de obligado cumplimiento y suponen un riesgo para el pleno ejercicio de la patria potestad”. Además, permiten a los menores cambiar de nombre y aspecto en el aula sin hacer antes un cambio registral e incluso, sin el consentimiento de sus progenitores.

Del análisis de dichos protocolos, realizado a partir de 60 indicadores, se concluye que en el 79% de las CC.AA., el alumnado está expuesto a postulados ideológicos que niegan el sexo como una realidad objetiva y que imponen en los centros educativos ideas sexistas, basadas en estereotipos, y prohibidas por la normativa en vigor y vinculante, leyes orgánicas y el Tratado internacional CEDAW, entre otras.

El 100% de los protocolos ratifican un inexistente derecho a la “identidad de género”, enfocado a alentar la demanda de la sustitución del sexo registral de nacimiento y que abre el camino de la transición social, farmacológica y quirúrgica en menores. 

Todas las medidas previstas en los protocolos fomentan irresponsablemente la llamada transición social, es decir, el cambio de nombre en la documentación escolar, de pronombres, de vestimenta o de aspecto. Estos cambios, lejos de fomentar un crecimiento en libertad, refuerzan los estereotipos sexistas más reaccionarios que marcan parámetros rígidos de masculinidad y feminidad y promueven los comportamientos sexistas diferenciados para los niños.

De acuerdo con el análisis, en el 62% de los protocolos se delega expresamente en asociaciones la “formación” y sensibilización del alumnado a través de charlas y actividades en los propios centros, y en el 92% de los protocolos no se exige cualificación alguna a las personas designadas para impartir formación y sensibilización en temas vinculados con diversidad o identidad de género, a pesar de que intervienen en decisiones que son vitales y pueden ser irreversibles. Igualmente, un 31% de los protocolos facilitan enlaces a documentación online elaborada por las propias asociaciones transgeneristas (videos, cuentos, etc.) para que sean compartidos como punto de apoyo educativo.

En resumen, el análisis hace evidente la magnitud de la intromisión y la influencia de las organizaciones transactivistas en los centros escolares de distintos niveles educativos.

Una intrusión en toda la comunidad educativa

De acuerdo con el análisis,  la implementación de este tipo de protocolos en un centro deriva en una serie de efectos adversos sobre el alumnado, la patria potestad y las familias, la libertad de los docentes y la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes. Así, una vez que un alumno de cualquier edad se autodiagnostica como “trans” o es “detectado” como tal por algún miembro de la comunidad educativa, todo el alumnado del centro tendrá que aceptarlo sin reservas. Aceptar su nuevo nombre, pero también que use los baños y vestuarios de acuerdo con su “sexo sentido” o a su género autopercibido. El 100% de los protocolos lo permite y cualquier resistencia será considerada acoso. No aceptar el protocolo puede tener consecuencias muy graves sobre la patria potestad y la autonomía de madres y padres. De hecho, un dato de especial relevancia es que el 77% de los protocolos preven actuaciones externas sobre los progenitores o tutores legales que no acepten las medidas planteadas por el centro sobre el menor y se nieguen a firmar el documento de consentimiento de aceptación del protocolo. Además, en el 100% de los casos, incluyen la denuncia por maltrato psicológico contra los progenitores con intervención de los servicios sociales, si el centro considera que la actitud de los progenitores no es la esperada.

La Alianza Contra Borrado ha indicado que “es inaplazable la revisión completa de los protocolos para eliminar todos los elementos perjudiciales para la infancia y adolescencia y el establecimiento de criterios garantistas que no avoquen a los menores a decisiones injustificadas”.

Algunas reclamaciones urgentes

Las feministas han reclamado trasparencia a las administraciones y a los centros educativos y solicitan la creación de un Registro Estatal y Autonómico que recopile datos para un Informe Público anual sobre esta casuística, con indicadores que permitan evaluar el impacto social de las políticas transgeneristas en escuelas e institutos.

A los centros educativos les piden “la incorporación documentada de la opinión profesional cualificada antes de que el centro se precipite a dar pasos hacia una transición social que conduce a las transiciones médicas y quirúrgicas irreversibles”. Igualmente, considera de máxima urgencia suspender la difusión de contenidos educativos contrarios a la realidad material e impedir la promoción de teorías sexistas contrarias a los principios de la coeducación para la igualdad. 

 

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