Por Medicina Responsable
30 de julio de 2026La sede histórica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) abre un nuevo conflicto entre la corporación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El Icomem ha anunciado que estudiará las acciones administrativas y judiciales que considere oportunas contra la orden que reorganiza el uso del inmueble para compatibilizar su actividad con la implantación del Museo Nacional Cajal.
La resolución, firmada el pasado 27 de julio por la ministra Diana Morant, deja sin efecto el régimen establecido en el convenio de 1970 y lo sustituye por una concesión demanial gratuita de 25 años, limitada a una parte del edificio. El inmueble es propiedad del Estado y está declarado Bien de Interés Cultural.
Según denuncia el Colegio, el nuevo reparto reduce de manera sustancial los espacios de los que dispone. Varias dependencias de la planta baja y del primer sótano pasarán a ser de uso exclusivo del Museo Nacional Cajal, entre ellas el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Cajal y Gregorio Marañón, las galerías, el Pequeño Anfiteatro, la Sala de Prensa y diferentes archivos y almacenes.
El Gran Anfiteatro, el Patio Cajal y el acceso principal quedarán como zonas compartidas, aunque su utilización por parte del Icomem estará condicionada a la conformidad previa del Museo. El Colegio conservará el Aula Jiménez Díaz, el Espacio del Niño Perdido, las plantas segunda y tercera, el altillo y la explotación de la cafetería y la cocina.
El Icomem sostiene que la orden no solo disminuye los espacios disponibles, sino que también incorpora restricciones sobre la utilización y cesión de determinadas dependencias. Además, exige autorización previa para algunas obras y actividades, atribuye al Colegio los gastos correspondientes a los espacios concedidos y contempla la posibilidad de extinguir la concesión por razones de interés público sin indemnización.
El Colegio recuerda que durante más de medio siglo ha gestionado, conservado y mantenido la zona histórico-artística del edificio, donde desarrolla actividades colegiales, docentes, formativas y de interés público. También asegura que en los últimos seis años ha invertido cerca de 11 millones de euros en infraestructuras y equipamientos para modernizar la sede, bajo la previsión de poder recuperar y amortizar esa inversión a largo plazo.
La corporación ha querido dejar claro que respalda la creación del Museo Nacional Cajal y la conservación y difusión del legado del científico español Santiago Ramón y Cajal. Sin embargo, considera que este objetivo debería haberse articulado mediante una solución negociada, proporcionada y equilibrada, y no a través de una decisión unilateral que, a su juicio, perjudica su autonomía y capacidad de funcionamiento.
El Colegio también ha mostrado su preocupación por la coincidencia temporal de la medida con su oposición pública al Estatuto Marco. Por este motivo, reclama al Ministerio una explicación sobre el procedimiento seguido, la necesidad y proporcionalidad de la decisión y las razones por las que no se alcanzó previamente un acuerdo entre ambas instituciones.
La Junta Directiva ha encargado un análisis jurídico urgente de la orden y solicitará una reunión inmediata con el Ministerio de Ciencia. Asimismo, convocará una Asamblea General extraordinaria a comienzos de septiembre para informar a los colegiados sobre la situación jurídica, las actuaciones que se adopten y la repercusión económica del nuevo régimen de uso.
Por su parte, el Ministerio sostiene que el Colegio mantendrá una “parte sustancial” del inmueble y que una Comisión de Seguimiento permitirá coordinar el uso de los espacios compartidos. También recuerda que el edificio pertenece al Estado y mantiene un vínculo histórico directo con Santiago Ramón y Cajal, quien impartió allí docencia durante tres décadas cuando albergaba la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid.
Desde el Gobierno insisten en que la finalidad de la orden es hacer compatible la continuidad del Icomem con la puesta en marcha del futuro museo. El Colegio, sin embargo, considera insuficientes esas garantías y mantiene abierta la posibilidad de recurrir la decisión ante los tribunales.
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