CIG-Saúde denuncia presiones a médicos para reducir las bajas y Sanidade defiende que son “decisiones clínicas”

CIG-Saúde de A Coruña ha denunciado una “intolerable presión” sobre los médicos de familia en Galicia por la gestión de las incapacidades temporales. El sindicato responsabiliza de esta situación al Gobierno autonómico y considera que determinadas actuaciones de la Inspección Sanitaria pueden condicionar las decisiones de los profesionales sobre cuánto tiempo debe permanecer de baja un paciente.

Según la organización sindical, la Inspección Sanitaria está citando a facultativos que superan determinados rangos de pacientes en situación de incapacidad temporal para revisar estos procesos. CIG-Saúde asegura que la presión continúa cuando, después de esas revisiones, los médicos deciden mantener las bajas de acuerdo con su criterio profesional.

“Los médicos y médicas que, tras la revisión, mantienen las bajas atendiendo a su criterio profesional están siendo requeridos posteriormente por la jefatura de la Inspección”, denuncia la central. Para el sindicato, esta actuación “puede funcionar como una coacción sobre el criterio clínico” de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, que considera que deben poder tomar sus decisiones sin presiones externas.

La Consellería de Sanidade rechaza esta interpretación y defiende que tanto la indicación de una incapacidad temporal como el alta corresponden a decisiones clínicas. Según la Xunta, estas deben estar sustentadas en criterios médicos y responder a las necesidades asistenciales de cada paciente.

Sanidade enmarca estas actuaciones dentro del plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal puesto en marcha en agosto de 2024. Su objetivo, según la Consellería, es apoyar a los profesionales encargados de gestionar estos procesos, principalmente médicos de Atención Primaria y personal inspector, y favorecer una recuperación lo más rápida posible de los trabajadores.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el refuerzo de la inspección médica y la creación prevista durante este año de unidades especializadas para abordar los procesos que presentan una mayor incidencia. La Xunta también contempla cambios en el procedimiento de autorización de pruebas y tratamientos por parte de las mutuas.

“Las bajas son un acto médico”, insiste Sanidade, que sostiene que las actuaciones impulsadas buscan evitar que las incapacidades temporales “se prolonguen más de lo necesario por razones ajenas a la situación clínica del paciente” y que puedan estar relacionadas con el funcionamiento del propio sistema sanitario.

Un nuevo plan para abordar el absentismo laboral

La polémica se produce pocos días después de que la Xunta, la Confederación de Empresarios de Galicia y UGT alcanzaran un preacuerdo para poner en marcha el Plan Integral 2026-2030 de mejora de la prevención, el bienestar laboral y reducción de ausencias, dotado con un presupuesto mínimo de 18 millones de euros.

El programa se articula en tres grandes ejes y contempla 37 medidas. Una de sus áreas de actuación se centra precisamente en la atención sanitaria y la gestión de las incapacidades temporales, con el objetivo de mejorar la recuperación de los trabajadores y la coordinación entre las administraciones implicadas.

Entre las actuaciones previstas figuran la creación de unidades especializadas en trastornos musculoesqueléticos y salud mental, circuitos de recuperación funcional y medidas para reforzar la Atención Primaria. El plan también pone el foco en la prevención, la mejora de las condiciones laborales y la corresponsabilidad de los distintos actores implicados.

La denuncia de CIG-Saúde abre así un nuevo frente en torno a la gestión de las bajas laborales en Galicia. Mientras el sindicato advierte de posibles presiones sobre el criterio profesional de los médicos, la Xunta sostiene que las nuevas medidas no pretenden condicionar las decisiones clínicas, sino evitar prolongaciones de las incapacidades derivadas de problemas ajenos al estado de salud de los pacientes.

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