Por Virginia Delgado
9 de septiembre de 2024El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca ha dado la razón a los celadores que, en 2021, interpusieron una demanda colectiva contra el Gobierno balear, en aquel momento presidido por Francina Armengol (actual presidenta del Congreso de los Diputados).
Estos trabajadores fueron excluidos de la bolsa de empleo de la administración pública sanitaria de la comunidad autónoma por no contar con la titulación en catalán exigida.
Esta exigencia llevó a los celadores a demandar, ya que se impuso una vez estipuladas y aprobadas las condiciones originales de la convocatoria de plazas. Así, lo que inicialmente se les reclamó en 2018, que era el título A2 del catalán, pasó a ser el superior, B1.
Al elevar sobre la marcha el listón acreditativo del dominio de esta lengua, unos 2.500 trabajadores se quedaron fuera de la bolsa de empleo, de los cuales muchos de ellos ya estaban dentro como interinos.
La sentencia argumenta que la resolución tomada por la Consejería de Salud de las Islas Baleares en 2021 fue irregular, basándose en que los requisitos marcados fueron modificados a la postre. El juez considera que se atentó contra los derechos adquiridos por los demandantes y reconoce que deben ser admitidos en la bolsa definitiva de empleo.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de las (TSJB).
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