ASPE interpone una denuncia contra el acuerdo Generali-Sanitas

La patronal del sector de la sanidad, Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) por la práctica anticompetitiva implementada por Sanitas SA y Generali España en un acuerdo suscrito en octubre de 2022 y que se aplica desde el 1 de enero de 2023. La denuncia llega, según ASPE, “tras frustrarse los intentos de dialogar, como entidad de representación del sector, con ambas aseguradoras de salud”. 

El acuerdo implica que la rama de salud de Generali pasa a ser gestionada por Sanitas, que podrá fijar a los proveedores sanitarios nuevas condiciones de remuneración, alterando los acuerdos previos firmados entre Generali y los centros sanitarios. 

ASPE, en representación de los centros sanitarios, considera ilegal este acuerdo, por el que los asegurados de Generali han pasado a tener las mismas tarifas suscritas que los asegurados de Sanitas. La sanidad privada mantiene que este pacto permite a Generali recortar un 20% las tarifas pactadas previamente con los centros sanitarios, al ser absorbidos en los acuerdos de Sanitas. 

De acuerdo con ASPE, los centros sanitarios con conciertos suscritos con la aseguradora “se están viendo obligados a asistir a los pacientes de Generali con las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas con Sanitas, no con Generali. Hay que recordar que la red de asistencia sanitaria de Sanitas se soporta en un 99% en centros concertados, no propios”. Además, con esta alianza, la cuota de mercado agregada de ambas compañías supondría el 21,5% del sector de aseguramiento de salud, lo que supone un marco de imposición a la mayoría de los centros sanitarios de toda España que no pueden permitirse rechazar la prestación del servicio para su propia viabilidad.

Según el dictamen jurídico encargado por ASPE, las aseguradoras Sanitas y Generali vulneran la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe. A juicio de ASPE el acuerdo produce distintas consecuencias alejadas del marco normativo:

- Falseamiento de la libre competencia por actos desleales, por imponer unilateralmente la aplicación de unas condiciones económicas para los asegurados de Generali distintas de las pactadas.

- La concurrencia de una conducta que elimina la competencia entre ambas compañías y limita la libertad de actuación de los hospitales. 

Con esta denuncia, la patronal trata de evitar nuevos precedentes anticompetitivos y de competencia desleal por parte del sector de aseguramiento de salud. 

Perjuicio a los pacientes

ASPE también denuncia que el acuerdo afecta a los derechos de los asegurados de Generali (más de 150.000), los cuales pueden verse privados de acudir al profesional sanitario al que acuden habitualmente. Situación que se agrava en los casos de asegurados de avanzada edad, debido a las dificultades que puede suponer el cambio de compañía aseguradora para personas que padecen enfermedades crónicas y que requieren mayor uso de los servicios sanitarios o patologías complejas (como, por ejemplo, cáncer, diabetes o enfermedades neurológicas).

Para Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, toda esta situación “no es admisible ni para los miles de asegurados de Generali, que cada día dejan de ser atendidos por sus médicos habituales, ni para nuestros asociados con concierto con Sanitas que se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicándoles condiciones no acordadas, de forma contraria a la Ley, ya que les impide ejercitar sus derechos contractuales y limita su libertad”.

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