ASPE denunciará el acuerdo Sanitas-Generali por vulnerar las leyes de competencia

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) amenaza con llevar a los tribunales el acuerdo firmado en 2023 entre las aseguradoras Sanitas y Generali, por vulnerar las leyes de derecho de la competencia.  El acuerdo implica que la rama de salud de Generali pasa a ser gestionada por Sanitas, que podrá fijar a los proveedores sanitarios nuevas condiciones de remuneración, alterando los acuerdos previos firmados entre Generali y los centros sanitarios. 

ASPE, en representación de los centros sanitarios, considera ilegal este acuerdo, por el que los asegurados de Generali han pasado a tener las mismas tarifas suscritas que los asegurados de Sanitas.  La sanidad privada mantiene que este pacto permite a Generali recortar un 20%  las tarifas pactadas previamente con los centros sanitarios, al ser absorbidos en los acuerdos de Sanitas. 

“Esta imposición unilateral, realizada además con ocultación del contenido del acuerdo, limita la libertad de los hospitales y les impide ejercitar sus derechos contractuales, ya que les obliga a aplicar una tarifa – la que tenían concertada con Sanitas- que no es la que se había acordado para los asegurados de Generali”, señala el dictamen jurídico encargado por ASPE. “Por este motivo, y tras haber intentado sin éxito establecer un diálogo con las otras partes interesadas, cabría plantear la oportuna demanda y/o denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por infracción de las normas de competencia”, añade.

La vía judicial es la última alternativa planteada, después de que ASPE y los distintos proveedores sanitarios solicitaran a ambas aseguradoras, ya en diciembre de 2022, conocer las condiciones específicas del acuerdoy las repercusiones que tendría sobre los centros médicos afectados, para tratar de abordar una posible negociación. Según ASPE, ambas compañías ocultaron las condiciones de gestión y comerciales, en una estrategia de silencio para enterrar los detalles de un acuerdo que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores sanitarios a los asegurados de Generali, y que es considerada contraria a la buena fe.

Para ASPE, la falta de respuesta a sus peticiones vulnera los derechos de los operadores sanitarios, por lo que el 3 de mayo remitió un escrito a ambas aseguradoras, exigiendo que “cesen en su conducta y cumplan los acuerdos de prestación de servicios suscritos con los hospitales en sus propios términos”, dando un plazo de respuesta hasta el 17 de mayo antes de la interposición inmediata de acciones legales.

 

 

 

 

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