Asisa y Adeslas plantan al Gobierno y dejan en el aire la sanidad de más de 500.000 militares

Detrás de la atención médica de nuestros ejércitos y sus familias hay un modelo sanitario que hoy se enfrenta a un problema imprevisto. Las dos grandes compañías de seguros que atendían hasta ahora a la mutualidad militar (Isfas) Asisa y SegurCaixa Adeslas han decidido plantar al Gobierno y no presentarse a la nueva licitación lanzada por el Ministerio de Defensa. Esta decisión deja en el aire el futuro de la cobertura privada de más de 500.000 personas, entre militares de carrera, guardias civiles y sus familias, justo cuando tocaba renovar el convenio.

El motivo del portazo es simple: las cuentas no salen. Ambas aseguradoras explican que el presupuesto planteado por el Gobierno, 609,4 millones de euros para 2027, resulta del todo insuficiente para hacer frente al coste real de las consultas, las pruebas y las intervenciones médicas. A diferencia de lo que ocurre con los jueces en Mugeju (un concurso de menor tamaño en el que las compañías sí van a continuar), Asisa y Adeslas defienden que asumir el servicio militar bajo las condiciones exigidas pondría en serio peligro la sostenibilidad económica de sus empresas.

Tranquilidad para los tratamientos actuales

A pesar de la estupefacción que provoca la noticia, desde las aseguradoras se ha lanzado un mensaje de calma para el día a día de las familias afectadas. Tanto Asisa como Adeslas han aclarado que mantendrán todos sus compromisos con los mutualistas hasta el último día del concierto vigente. Esto significa que las citas médicas habituales, las pruebas programadas, las autorizaciones y los tratamientos que ya están en marcha para los enfermos continuarán prestándose con absoluta normalidad mientras dure el contrato actual.

El problema no es el presente, sino de cara a lo que ocurrirá cuando termine el periodo acordado y no haya ningún seguro privado contratado para dar relevo a las tarjetas sanitarias.

Las alternativas del Gobierno

Con el concurso oficialmente desierto, la pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo. Para evitar que medio millón de personas se queden sin atención médica en la red privada, la Administración tiene sobre la mesa dos caminos principales. El primero es rectificar, rehacer los pliegos y subir la oferta económica para convencer a las compañías de que vuelvan a sentarse a negociar. 

El segundo camino pasa por decretar una prórroga forzosa del convenio actual para ganar tiempo, o encarar de forma progresiva el paso de todo el personal militar al Sistema Nacional de Salud. Esta última opción requeriría una reorganización compleja para evitar sobrecargar los hospitales y centros de salud públicos de las distintas comunidades autónomas. 

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