Alarma en Ceuta tras más de una decena de denuncias por agresión sexual desde la llegada masiva de migrantes

La crisis migratoria en Ceuta ha dejado más de una decena de denuncias por agresión sexual desde el pasado 30 de julio. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha cifrado en 15 las violaciones producidas desde la llegada masiva de migrantes, aunque la Fiscalía del área de Ceuta tiene constancia de 13 denuncias formalizadas judicialmente.

Este organismo señala que entre las víctimas habría tres menores de edad y la mayoría de las agresiones habrían sido perpetradas por extranjeros en situación irregular, a excepción de dos agresores nacionales. La misma fuente apunta que la mayoría de las víctimas serían igualmente migrantes sin residencia legal en España.

Por su parte, las cifras que ha recibido el Ministerio de Sanidad son mucho menores, según el último parte. La propia ministra, Mónica García, explicó este baile de cifras en una entrevista en el programa La hora de la 1: “Me fío de las informaciones que me dan directamente. Habrá que cotejarlas, por supuesto. Y si la Policía tiene 15 y nosotros tenemos cinco, a lo mejor es que hay diez mujeres que no han pasado por el hospital o que no han pasado por los puntos de atención o por los puntos de crisis de atención a la violencia machista”. 
 
En este contexto, la Sociedad Española de Epidemiología se ha pronunciado para advertir de la exposición de las mujeres y niñas migrantes a la violencia sexual y de género y las dificultades para detectar, dimensionar y atender estas situaciones. A través de su Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud, la entidad subraya que se trata de una realidad que a menudo pasa desapercibida en episodios de este tipo.

La entidad señala que la violencia de género y sexual en estos contextos "no puede considerarse un hecho aislado o un efecto colateral de la crisis, sino un determinante estructural de la salud". Por ello, ha reclamado la creación de espacios seguros para estas migrantes, tomando como referencia protocolos sanitarios ya existentes acceso inmediato y equitativo a los servicios de atención, apoyo social, sistemas adecuados de identificación y derivación y servicios adaptados lingüística y culturalmente, además de contar con profesionales sanitarios y de seguridad sensibilizados. 
Impedimentos por la falta de datos

Las personas expertas recuerdan que durante las primeras semanas de la crisis se han documentado casos de violencia sexual que afectan fundamentalmente a niñas y adolescentes. Más allá de los casos conocidos, la sociedad científica llama especialmente la atención sobre la escasa visibilidad de la violencia que pueden estar sufriendo las mujeres migrantes adultas. Mientras que existen informaciones sobre agresiones a menores, no es posible conocer con la misma claridad qué está ocurriendo con las mujeres adultas, pese a que el Ministerio de Igualdad ha advertido del riesgo extremo de agresiones y trata al que están expuestas las mujeres migrantes que permanecen en la calle.

La SEE alerta también de la ausencia de datos públicos desagregados por sexo y edad sobre cuestiones como la morbilidad, la atención ginecológica u obstétrica de urgencia o la salud mental. Sin esta información resulta más difícil identificar las necesidades específicas de mujeres y niñas y dimensionar adecuadamente los recursos.

Por ello, plantea publicar datos por sexo, edad y situación de embarazo y establecer en los dispositivos de acogida un protocolo de cribado y derivación de casos de violencia. 

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