A los 18 meses de baja médica, ya no se cotiza: el limbo laboral que preocupa a los pacientes crónicos

Cuando un trabajador en España cae enfermo y entra en situación de incapacidad temporal (popularmente conocida como baja médica), su vida laboral y económica cambia de inmediato. Durante los primeros 18 meses de baja, la empresa sigue cotizando a la Seguridad Social y este recibe una prestación económica que compensa la pérdida de ingresos. Pero este tiempo tiene un límite: al llegar al día 545, la relación laboral entra en una especie de limbo jurídico y económico, por lo que el futuro laboral del trabajador queda en manos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que es quien decide cuál será su nueva realidad.

Además, según confirma la propia normativa del INSS, al cumplirse los 18 meses de baja médica, la empresa deja de cotizar por el trabajador y, aunque este no pierde de manera automática su puesto de trabajo ya que su empleo queda suspendido, sí que le afecta de manera significativa en otros aspectos. Por ejemplo, el cálculo de la pensión u otras prestaciones.

Tres opciones, una solución

Ante esta situación, a la que se enfrentan miles de personas en España, la Seguridad Social ofrece tres posibles salidas una vez agotado el plazo máximo de incapacidad temporal. Por ello, el INSS debe decidir entre conceder la incapacidad permanente, emitir el alta médica o prorrogar la baja hasta seis meses más de manera excepcional.

Para tomar la primera de las opciones, la incapacidad permanente, la entidad debe considerar que la persona no puede volver a realizar su trabajo habitual o "como lo hacía antes debido a problemas de salud qeu se consideran duraderos o irreversibles", según la definición de Incapacidad Permanente (IP). Además, esta puede ser total (si no puedes ejercer tu profesión pero sí otra distinta); absoluta (si no se pudiera desempeñar ninguna labor) o de gran invalidez (si se necesitara una ayuda extra para realizar actividades básicas de la vida diaria).

España  ya supera ampliamente el millón de personas con una incapacidad permanente laboral reconocida. De hecho, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de este 2025 hay aproximadamente 1.054.935 pensiones por incapacidad permanente registradas en la Seguridad Social, cifra que ha crecido en torno a un 6% interanual. 

La cronicidad, cada vez más extendida

Este reto individual se da además en un contexto sanitario donde las enfermedades crónicas se han convertido en una realidad predominante. Según la última Encuesta de Salud del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 57% de la población mayor de 15 años declara tener al menos una enfermedad crónica, siendo problemas tan comunes como la hipertensión o el dolor lumbar. En cuanto a los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, sostienen que más de 21 millones de españoles padecen alguna enfermedad crónica, lo que no solo afecta su vida diaria sino también la actividad asistencial del sistema de salud.

Además, este aumento de la cronicidad tiene consecuencias directas en el mercado laboral, pues  las personas con patologías prolongadas tienden a tener períodos de incapacidad temporal más largos y un mayor riesgo de necesitar cambios en su situación laboral o acceder a incapacidades permanentes. Por ello, uno de los principales retos del Sistema Nacional de Salud sigue siendo la atención a las personas con enfermedades crónicas, y cuyos desafíos también se extienden a las empresas, al tejido laboral del país y, por supuesto, a las familias.

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