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La Ley de Equidad del Gobierno para “blindar” la sanidad pública aumentaría un 153% las listas de espera

Hoy la ley comenzará su trámite parlamentario. De aprobarse, la sanidad pública tendría que enfrentarse a un gasto que podría ascender a los 8.500 millones de euros, según el IDIS.

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La Ley de Equidad del Gobierno para “blindar” la sanidad pública aumentaría un 153% las listas de espera

Por Lucía de Mingo

21 de septiembre de 2022

Bajo el nombre de “Aportación del sector privado al sistema sanitario”, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha revelado las consecuencias que tendría la aprobación del proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que comenzará su trámite parlamentario hoy.  El objetivo del Gobierno con esta nueva ley es “blindar” la sanidad pública, evitar copagos y extender la sanidad universal a nuevos colectivos, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

De acuerdo con el informe, la aprobación de la ley traería un 153% más de listas de espera y más de 58 días de tiempo medio de espera en primeras consultas, mientras que, en intervenciones quirúrgicas, las listas de espera ascenderían un 102% y los pacientes deberían esperar una media de 75 días más. A esto hay que añadirle el incremento de los índices de ocupación hospitalaria, que pasaría del 70,6% actual al 85%.

Hay que tener en cuenta que el sector sanitario privado libera recursos del sistema público y reduce la presión asistencial. Dispone de 432 hospitales en España y 49.861 camas de hospitalización. De ellos, 271 hospitales y 36.777 camas tienen algún tipo de concierto. Además, contribuye de forma positiva al Sistema Nacional de Salud asumiendo una parte relevante de la actividad asistencial. De esta forma, libera recursos del sistema público y reduce la presión asistencial. Se estima que la desaparición de la colaboración podría aumentar la ocupación de las camas públicas hasta alcanzar el 85%, es decir, incrementarían un 15% más.

Los conciertos

Tan solo en 2020, los hospitales privados con conciertos sustitutorios, integrados en la red de utilización pública o conciertos parciales, llevaron a cabo cerca de 574 mil intervenciones quirúrgicas (15,9% del total), más de diez millones de consultas (11,6% del total), atendieron cerca de 2,5 millones de urgencias (11,8% del total) y más de 550 mil altas hospitalarias (12,2%).

Según la fundación IDIS, el fin de la colaboración público-privada tendría como consecuencia directa la desaparición del 100% de los conciertos, incrementándose así tanto las listas de espera como los costes públicos. Además, todos los pacientes atendidos de los centros concertados deberían ser asumidos por centros públicos.

 

El gasto sanitario destinado a conciertos, que en 2020 supuso 8.586 millones de euros, representó un 10% del total del gasto sanitario público ese año. Con la aprobación de esta ley, el gasto público en sanidad aumentará para asumir el teórico aumento de demanda y reducir el impacto negativo sobre las listas de espera.

El gasto

Según el informe elaborado por IDIS, el impacto sobre el gasto sanitario será devastador. Se ha estimado que la diferencia de coste a asumir por el sistema público podría situarse en un intervalo de un 25-35% superior respecto a los costes derivados de la colaboración privada-pública. Y es que la reducción de conciertos podría suponer un aumento de coste para el sistema sanitario público de hasta 1.200 millones de euros.

Si ponemos el foco en las diferencias económicas entre las estancias y consultas en centros concertados y públicos, éstas son más baratas en los primeros. En concreto, el 47 % de las estancias son más económicas en centros concertados, cerca de un 36% en el caso de las consultas. La absorción de esta actividad por parte del sistema público supondría un aumento del coste de alrededor de 800 millones de euros derivados de las estancias y 306 millones de euros de las consultas primeras, sucesivas y de alta resolución.

Es decir, la eliminación de la actividad concertada podría llegar a costar a la sanidad pública en torno a los 1.200 millones de euros. Este gasto, en un escenario muy extremo, y en caso de absorción total de la actividad concertada, podría ascender a los 8.500 millones de euros.



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