Indexación de precios en los contratos públicos: una reclamación del sector salud

Desde los servicios de limpieza y transporte, hasta el suministro de equipamiento y servicios asistenciales, la sanidad pública se sustenta en multitud de contratos con empresas. A pesar de la fluctuación de los indicadores económicos por factores como el incremento de costes en materias primas, transporte o personal, las condiciones de licitación con la administración pública se mantienen fijas mientras dura la vigencia del contrato.

La falta de revisión de las condiciones económica de licitación lleva a que numerosas entidades, empresas y asociaciones del sector sanitario reclamen una vía para modificar estas cantidades: la indexación de contratos públicos. El consultor y miembro de la junta directiva del Círculo de la Sanidad, Javier Godoy, explica a Medicina Responsable que esta medida “significa que hay una fórmula de revisión de costes donde si los contratos son plurianuales la empresa que está dando el servicio o suministrando el producto o la tecnología sufre una variación continua de sus costes". De esta forma, se trataría de vincular a los contratos sanitarios ese aumento de los costes que se produce año a año motivado por factores como la inflación o el aparecimiento de coyunturas económicas imprevistas.

Desde que se eliminara la indexación de los contratos públicos en el año 2015, como parte de los estragos de la crisis económica de aquellos años, solo el sector energético y el obra pública han conservado esta medida, por lo que numerosas voces del sector sanitario reclaman volver a contar con ella. Aunque hay diversas posturas sobre qué índices tomar de referencia, desde el Círculo de la Sanidad reclaman volver a instaurar este estándar para dar mayor predictibilidad a las empresas y favorecer su contribución al sistema sanitario.

Los beneficios de aplicarla, defienden que redundarían no solo a favor de las empresas, sino también para el propio sistema sanitario y el bienestar de los pacientes.

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